Ahora le tocó el turno a LAN Perú, el día 14 de octubre de 2004, se público en el diario oficial El Peruano la orden judicial que determinaba la paralización de las operaciones de esta línea aérea desde las cero horas del día siguiente hasta la solución de los problemas e irregularidades administrativas contemplados en el proceso seguido por el titular del Cuarto Juzgado Civil de Arequipa, orden que ha sido acatada por la DGAC y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Y es que esto no es más, en mi opinión, que otro capítulo de una telenovela que se viene escribiendo en nuestro sector aero comercial desde hace ya algún tiempo. La rivalidad entre AeroContinente, hoy Nuevo Continente o Vuela Perú con la línea de la estrella, ya tomó tal nivel que el estado se ha visto obligado a intervenir para que esta guerra comercial no termine por desestabilizar la aviación comercial del país, y de paso termine por desprestigiar nuestra imagen ante la opinión pública internacional.

Aquí hay algunos puntos con los que no estoy de acuerdo, muy aparte de si estoy del lado de una u otra aerolínea, o de si soy nacionalista o pro-chileno, y la verdad es que creo que este asunto ya se les fue de las manos tanto a los involucrados como a la DGAC y al MTC hace mucho tiempo.

Empecemos por un principio de respeto mínimo a las leyes del país. Si la resolución del juez es justa o no es lo primordial en esta historia. Yo creo que si el juez ya falló, su decisión debe ser respetada y ejecutada sin demora, luego él tendrá que justificar sus acciones y responder por las decisiones tomadas, y deberá cargar con la responsabilidad de sus actos.

El caso es que queda claro con la intervención de Aviandina como demandante en la querella judicial, que esto tiene visos de represalia por la paralización de AeroContinente en julio pasado, paralización que habría terminado por casi colapsar a la debilitada aerolínea nacional que culpa al Grupo LAN y sus vínculos con los vecinos del norte de la inclusión de sus dueños en el King pin Act y la imposibilidad de poder operar de manera normal, tal como lo hacían hasta antes de ese hecho.

Pero lo que falta aclarar es si realmente LAN Perú debió de recibir como medida preventiva el cese de sus operaciones, o simplemente alguna otra medida cautelar preventiva durante las investigaciones sobre la verdadera titularidad de sus acciones. Si el Señor Rodríguez Larraín no puede demostrar que las acciones sean realmente suyas durante el proceso judicial, entonces LAN Perú no cumpliría con las leyes peruanas y por lo tanto debería ser sancionada, pero la resolución tomada por el juez Zamalloa es por más injusta, ya que estamos hablando de un proceso administrativo y no operativo, y por lo tanto no se debería de haber suspendido las operaciones de la aerolínea, sino haber encontrado un medio debido para que esta asegurara su sujeción a la ley de aeronáutica civil y demás leyes vigentes.

Lo anecdótico en todo esto es que el acto más controversial de toda esta historia lo ha puesto el ejecutivo al sacar el decreto de urgencia que ordena la reanudación de las operaciones de LAN Perú, dejando sin efecto la medida tomada por el juez de Arequipa.

Creo que esta decisión por parte del gobierno va a traer cola, y quizás al final la cura termine siendo peor que la enfermedad. Con base en este decreto de urgencia, para algunos inconstitucional, la DGAC ha otorgado un permiso provisional de operación por 30 días, renovables, a LAN Perú. Esto quiere decir que este permiso podrá ser alargado el tiempo necesario para asegurar la normalidad del servicio aéreo comercial en el territorio nacional, pero tendremos que esperar los próximos días para ver el desenlace final de este triste capítulo, ya que el poder judicial se ha sentido pisoteado por la medida adoptada por el Presidente Toledo y sin duda va a presentar una encarnada lucha para que sus decisiones sean respetadas. Tenemos que tener en cuenta también que todo decreto de urgencia debe ser refrendado por el congreso, y es ahí donde el ejecutivo tendrá que demostrar que este se dio en base a sus facultades extraordinarias y con miras a mantener la regularidad de un servicio público, de no ser así podrían enfrentar cargos, tanto el Presidente como el Concejo de ministros, por romper el estado de derecho y emitir normas inconstitucionales.

Otro punto delicado en este escenario es la mala situación financiera de Nuevo Continente, quienes no pueden operar normalmente desde el día sábado 16 debido a un sobre giro en su crédito de combustibles con PetroPerú. La aerolínea indicó por medio de sus voceros que esto era una decisión arbitraria tomada por la empresa de combustibles, pero PetroPerú aclaró que la medida se debía a que Nuevo Continente no había cumplido con honrar la deuda pendiente que mantenía con ellos y que se habían comprometido en cancelar el día 11 de octubre. Debido a esto ya no poseen crédito para combustibles y deben pagar en efectivo la recarga de sus aeronaves. Todos conocemos la actual situación financiera de Nuevo Continente, y sabemos que sin cambios significativos en su administración y sin inyección de capital fresco tarde o temprano se tornará insostenible.

La aerolínea actualmente no cuenta con los medios financieros suficientes para cumplir con sus deudas, tanto a empleados como proveedores, y pasa por el peor momento de su historia. Ha enfrentado en los últimos días paralizaciones de empleados, mecánicos y personal de tierra, exigiendo el pago de sus haberes atrasados desde el mes de Agosto, y ahora parece empezar a enfrentar el bloqueo por parte de sus proveedores también impagos. La pregunta ahora es si el estado debe también intervenir en esta situación, ya que no solo estaría en juego la continuidad de sus operaciones, sino también la seguridad en vuelo, y es que una aerolínea con problemas financieros difícilmente puede garantizar un óptimo servicio a sus usuarios, además esta historia ya la hemos vivido antes con Americana, AeroPerú y Faucett, solo que esperamos que en este caso el desenlace no sea el mismo, aunque por ahora parece inevitable.

Entonces, parece ser que contemplando este sombrío panorama el gobierno decidió jugársela por LAN Perú y sacar el decreto de urgencia, teniendo en cuenta que Nuevo Continente podría paralizar sus operaciones en los próximos días. Y la verdad es que si LAN Perú y Nuevo Continente paralizan, ¿Quién asegura la continuidad de los vuelos en el ámbito nacional?. Ninguna de las aerolíneas “pequeñas” tienen capacidad para asumir el control del transporte nacional, TANS Perú esta en tan mala o peor situación que Nuevo Continente, y Taca Perú solo podría cubrir vuelos nacionales a costa de cancelaciones y retrasos en sus itinerarios internacionales. Entonces, ¿cual era la mejor decisión que se podía tomar?, Creo que asegurar las operaciones de LAN Perú era entonces de necesidad nacional, pero no sé si la forma fue la más correcta. En lo que si estoy seguro, es que si alguna de estas dos aerolíneas paraliza, temporal o definitivamente, Taca Perú deberá tomar la responsabilidad de asumir más vuelos nacionales, aunque según las declaraciones de sus directivos esto dependerá de un crecimiento en el número de sus aeronaves, ya que con las que cuenta actualmente solo pueden asegurar sus vuelos internacionales, y eso no se puede hacer de la noche a la mañana.

Ojalá que en los próximos días aparezca en el horizonte un viso de solución para este difícil capítulo de nuestra aviación, ya que estamos viviendo tiempos difíciles que me hacen recordar a finales de siglo. La intervención del estado para asegurar la continuidad del servicio aéreo de transporte de pasajeros y carga es bienvenido, siempre y cuando represente al bien común y se haga dentro del marco legal existente. No podemos permitir una intervención de manera arbitraria, ni mucho menos en contra del estado de derecho, ya que el respeto a nuestras leyes debe de ser el objetivo principal de todo gobierno, si no, ¿cómo vamos a exigir a los demás estados o empresas extranjeras que nos respeten? El ejemplo siempre empieza por casa. Hasta el mes que viene.

Hasta el mes que viene.